• La Audiencia Provincial de Cáceres confirma la condena por intrusismo profesional, cinco delitos de estafa y lesiones imprudentes contra un falso dentista que ejerció durante años sin estar habilitado

El Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura valora muy positivamente la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres el 15 de mayo de 2026, que confirma en lo sustancial la condena contra un falso dentista por la comisión de un delito de intrusismo profesional, cinco delitos de estafa y un delito de lesiones imprudentes.

La acusación particular ha sido ejercida desde el inicio del procedimiento por el Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura, bajo la dirección jurídica del despacho cacereño Corvillo Abogados, en la persona del letrado Juan Ramón Corvillo, manteniendo una actuación constante en defensa de la profesión odontológica, de la salud de los pacientes y de las garantías que deben presidir cualquier actuación sanitaria.

La resolución de la Audiencia Provincial confirma que el condenado realizó actos propios de la Odontología sin contar, en el momento de los hechos, con la titulación académica ni la colegiación profesional exigidas. Según declara probado la sentencia, el acusado examinaba, exploraba, diagnosticaba, prescribía pruebas y medicamentos, realizaba  implantes y otros tratamientos odontológicos a pacientes que acudían a la clínica, pese a no estar habilitado para el ejercicio profesional de la Odontología.

La Audiencia mantiene igualmente que varios pacientes contrataron tratamientos dentales en  la carencia de que estaban siendo atendidos por un profesional cualificado. Algunos de esos tratamientos no llegaron a completarse por el cierre de la clínica, mientras que otros se realizaron de forma defectuosa, causando perjuicios económicos y, en uno de los casos, lesiones que precisaron tratamiento médico-quirúrgico.

Tras la revisión en apelación, la condena queda fijada en dos años de prisión, resultado de la pena impuesta por el delito de intrusismo profesional y por los cinco delitos de estafa. Además, por el delito de lesiones imprudentes se impone una multa de sesenta días, con cuota diaria de seis euros, así como una inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio de odontólogo y protésico dental durante cuatro meses. La sentencia mantiene también la obligación de indemnizar a los perjudicados, con una responsabilidad civil superior a los 40.000 euros, más los intereses legales correspondientes.

Para el Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura, esta resolución supone una de las mayores condenas conocidas en España en materia de intrusismo odontológico, especialmente por la concurrencia de varios delitos vinculados a una misma actuación intrusa: intrusismo profesional, estafa y lesiones imprudentes.

La presidenta del Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura, María Paz Moro, ha destacado la trascendencia de esta sentencia:

«Esta resolución es muy importante porque deja claro que el intrusismo en Odontología no es una cuestión menor ni un simple conflicto profesional. Estamos hablando de personas que realizan actos sanitarios sin estar habilitadas para ello, poniendo en riesgo la salud de los pacientes y causando daños que pueden ser económicos, físicos y emocionales».

Moro ha subrayado también el papel activo del Colegio en la persecución de este tipo de conductas:

«Desde el Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura llevamos años trabajando de forma firme contra el intrusismo profesional. Nuestra obligación es proteger a los pacientes, defender el correcto ejercicio de la Odontología y actuar frente a quienes, sin la titulación ni la colegiación exigidas, realizan tratamientos que solo pueden ser llevados a cabo por profesionales cualificados».

La presidenta ha querido reconocer asimismo la importancia de la actuación judicial y del trabajo desarrollado por la acusación particular:

«Esta sentencia es fruto de un trabajo largo y constante. El Colegio ha estado personado desde el inicio como acusación particular, con la dirección jurídica de Corvillo Abogados y de Juan Ramón Corvillo, porque entendíamos que era imprescindible llegar hasta el final. La salud bucodental de los ciudadanos merece la máxima protección».

El Colegio recuerda que la Odontología es una profesión sanitaria regulada y que únicamente pueden realizar diagnósticos, prescripciones, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, implantes y demás actos clínicos quienes cuenten con la titulación habilitantes y la colegiación correspondiente.

Por ello, la institución anima a la ciudadanía a extremar la prudencia y a comprobar siempre que el profesional que les atiende está debidamente colegiado.

«Pedimos a cualquier persona que tenga conocimiento de una posible actuación intrusa que lo ponga en conocimiento del Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura. La colaboración ciudadana es esencial para detectar estas prácticas y evitar que otras personas puedan resultar perjudicadas», ha señalado María Paz Moro.

El Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura reitera su compromiso con la defensa de la salud pública, la seguridad de los pacientes y el ejercicio responsable de la Odontología, y continuará actuando frente a cualquier conducta que pueda constituir intrusismo profesional.

Contra la resolución cabe recurso de casación por infracción de ley ante el Tribunal Supremo, en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.