En muchas ocasiones se parte de la existencia en todo caso de una relación contractual entre el paciente y el dentista que lo trata. Dicha base es sumamente errónea, ya que existen múltiples supuestos en que ello no es así. La diferencia de la calificación jurídica de esa relación es primordial, pues en virtud de la misma le serán aplicables unos preceptos u otros del Código civil, como por ejemplo aquellos relativos a la prescripción, que en la relación contractual será por lo general de cinco años, en tanto que en la extracontractual sólo lo será de uno.

Ahora bien, ¿cuáles son los casos en los que no se puede tildar de contractual esa relación? Pues, por ejemplo, cuando el dentista presta sus servicios en un centro sanitario que no es propio, como puede ser en una clínica propiedad de un tercero, circunstancia en la cual el vínculo contractual existe, de un lado, entre el propietario de la clínica y el dentista y, del otro, y aunque completamente distinto a aquél, entre el paciente y el propietario del centro sanitario.

Como botón de muestra jurisprudencial de lo anterior hacemos mención a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) de 15 de octubre de 2008, de la que transcribimos el siguiente párrafo:

“A las precedentes consideraciones pueden añadirse las concer­nientes a la tesis objetiva del instituto jurídico de la prescripción, a que se refieren los motivos tercero y cuarto. Si los actores tenían acción frente a la demandada, esta se hallaba prescrita. El no haberse ejercitado la acción aquiliana, pudiendo haberlo hecho, antes del año previsto en el artículo 1968.2 del Código, supone que aquélla se ha extinguido por prescripción, dada su naturaleza distinta y separada de la exigible por la vía de la jurisdicción administrativa, la desvinculación de ambas jurisdicciones y la independencia de la civil para enjuiciar conductas cuando se acciona al amparo de los artículos 1902 y 1903, más allá de los aspectos tomados en consideración, teniendo una y otra un origen común y un camino o trayectoria procesal que puede propiciar soluciones contradictorias e incluso, en su caso, excluyentes. Y es evidente que cuando se acciona en vía administrativa los actores tenían perfecto conocimiento del daño originado por el contagio del virus de la hepatitis C… y este daño, aun siendo continuado en sus efectos, dado su carácter crónico, no permite sostener que pueda quedar indeterminado el día a partir del cual pudo ejercitarse. Por lo demás, el motivo se sostiene al margen de una consolidada doctrina de esta Sala a partir de la sentencia de 14 de marzo de 2003, referida a la llamada solidaridad impropia, en contraposición a la propia regulada en el Código Civil, que se dicta previa consulta a la junta general de los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, celebrada el día 27 de marzo de 2003, que adoptó, por amplia mayoría de votos el acuerdo que se transcribe: "el párrafo primero del artículo 1974 del Código civil, únicamente contempla efecto interruptivo en el supuesto de las obligaciones solidarias en sentido propio cuando tal carácter deriva de norma legal o pacto convencional, sin que pueda extenderse al ámbito de la solidaridad impropia, como es la derivada de responsabilidad extracontractual cuando son varios los condenados judicialmente".

Juan Ramón Corvillo Repullo

Asesor Jurídico del Colegio de Dentistas de Extremadura

www.corvilloabogados.com

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